Concentración por el derecho a la sanidad de tod@s

Concentración por el derecho a la sanidad de tod@s

El Domingo 1 de Septiembre a las 19:00 hrs. nos concentramos en la Plaza de la Virgen de Valencia para exigir la suspensión inmediata del decreto que niega la asistencia sanitaria a miles de personas que están poniendo en riesgo sus vidas por que no se les garantiza un derecho fundamental, público, gratuito y universal como es la sanidad.

La periodista Bea Pascual, a quien queremos agradecer su tiempo y excelente trabajo, ha realizado un informe para Psicólogos sin Fronteras donde se recoge un análisis y algunas de las consecuencias que se han producido tras un año de la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012:

Un decreto que mata

El próximo uno de septiembre se cumple un año de la implantación del Real Decreto-ley 16/2012(1). Un decreto que pretendía reformar el sistema sanitario español con un paquete de medidas urgentes, las cuales, tenían como objetivo garantizar la sostenibilidad del sistema. Hasta ahora, nuestro Sistema Nacional de Salud había sido ejemplo y referencia  a nivel mundial; sin embargo, el gobierno consideró oportuno realizar una serie de cambios. La descoordinación, la  ausencia de normas comunes, el incremento del gasto económico, el uso irracional o la inestabilidad de la Sanidad Pública son algunas de las escusas que buscan justificar la desmantelación de uno de los mayores logros de la democracia en España.

Inseguridad, incertidumbre, miedo y muerte

Desde hace un año hasta ahora, el Real Decreto se ha ido aplicando en las diferentes regiones de España de una forma claramente diferenciada. Si bien es de obligado cumplimiento en todo el Estado, cada autonomía y cada centro de salud tiene su propio modus operandi. Un ejemplo de ello son las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia, Andalucía, Cataluña, el País Vasco o Navarra que se han negado públicamente a dejar sin asistencia a las personas inmigrantes en situaciones irregulares(2). Un hecho que se contradice con una de las principales finalidades de la aplicación de la reforma. Si lo que se pretendía era originar uniformidad en la aplicación de normas en el sistema sanitario, se puede afirmar, tras un año de su aplicación , que el Real Decreto 16/2012 sólo ha servido para generar más incertidumbre en la administración, inseguridad en los pacientes, y conflictos éticos en los profesionales de la sanidad. Y estas son sólo algunas de las consecuencias de la nueva reforma.

Otra de las consecuencias directas tiene nombre y apellidos. El caso Alpha Pam(3) es uno de los más sonados. Un hombre de nacionalidad senegalesa en una situación administrativa irregular a quién se le negaron las pruebas pertinentes para realizar un diagnóstico correcto. Todo ello por no contar con tarjeta sanitaria. Alpha Pam murió de tuberculosis. Un enfermedad que hoy en día cuenta con tratamiento. La muerte directa es otra de las consecuencias del Real Decreto.

Las enfermedades infecciosas no entienden de barreras administrativas. Desde Médicos del Mundo y otras organizaciones reiteran de manera continua que enfermedades como la tuberculosis u otras enfermedades de transmisión hay que diagnosticarlas y tratarlas cuanto antes. De lo contrario, pueden provocar epidemias. Los neumólogos advierten del aumento de casos importados de tuberculosis(4) y ponen énfasis a que muchos de los enfermos no siguen los tratamientos adecuados. Muchos de ellos no acuden al hospital por el miedo a no poder pagar el servicio. La falta de diagnóstico y las medidas oportunas para tratar estas enfermedades ponen en peligro no sólo la vida de los enfermos sino también del resto de personas de su alrededor.

900.000 inmigrantes en situación irregular están fuera del sistema sanitario

Son muchos los colectivos vulnerables al Real Decreto. Sin embargo, queda claro que uno de los más afectados son los extranjeros en situación irregular. La obtención de la tarjeta sanitaria para acceder al servicio de atención sanitaria es cada vez más difícil de conseguir. No sólo por los trámites burocráticos que acarrea su obtención sino por el gasto económico que conlleva. A veces, resulta más económico pagar un seguro privado. Sin esta tarjeta únicamente tienen derecho a asistir por urgencias o la atención a parto. Sin embargo, según un informe del Fondo de Investigación Sanitaria, el colectivo de extranjeros en situación irregular lo forman personas jóvenes y saludables con una menor carga de enfermedad. Los inmigrantes son los que menos gasto de servicios sanitario realizan. Tras un año de la implantación del Real Decreto, casi 900.000 inmigrantes en situación irregular siguen fuera del sistema sanitario(5).

Otro de los colectivos más vulnerables son los enfermos crónicos como los diabéticos o los enfermos de VIH o con enfermedades graves como el cáncer.  Pacientes que requieren de atención médica permanente y tratamientos diarios. El Real Decreto no permite a muchos de ellos recibir un seguimiento adecuado. La cobertura farmacéutica se ha reducido hasta tal punto que muchos de ellos no pueden acceder a su medicina, no pueden pagar esos precios, y dejan a merced de la suerte  su vida.

También los jubilados son otro de los colectivos que ven mermada su cobertura sanitaria. Siendo estos uno de los sectores de población que más medicamentos necesitan. El ahorro farmacéutico les costó a los jubilados 384 millones en 2012(6). Son ellos, con sus pensiones, los que están pagando gran parte del ahorro sanitario.

Falta de recursos en salud mental
Además, el colectivo de pacientes de enfermedades mentales aumenta con la crisis.  Sin embargo, lejos de aumentar los recursos para poder prestar la atención adecuada a dichos pacientes, la desatención y la falta de recursos son la tónica en los centros de salud mental. Según el presidente de ASIEM (Asociación para la Salud Integral del Enfermo Mental), sólo dos hospitales en Valencia ofrecen una atención de calidad para los enfermos mentales: el Centro de Salud Padre Jofré, con 50 plazas, y el Hospital Psiquiátrico de Bétera, con 100 plazas(7). La falta de recursos pone en peligro la salud de dichos pacientes y no implica más que un quebradero de cabeza para las personas más cercanas que conviven con ellas.

Los recortes en recursos sanitarios son la punta del iceberg del nuevo decreto. Así, en mayo de este mismo año el sindicato de Comisiones Obreras CCOO denunciaba la pérdida de más de 50.000 empleos en la Sanidad Pública en solo dos años(8). La reducción de servicios como el SAMU o ambulancias, la falta de especialistas, centros de salud sin abrir o a medio gas, la falta de personal de limpieza, el endeudamiento con las farmacias, personas dependientes sin recursos… son sólo algunos de los vacíos que sufre nuestro sistema sanitario; con las consecuencias de desatención a pacientes  y de obstrucción del sistema que ello acarrea.

Hay una ideología clara de acabar con las garantías de universalidad del sistema
Con todo, la UE exige más recortes en sanidad y farmacia(9). Lo que queda claro es que no hay una voluntad de ahorrar y garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Nuestro Sistema de Salud es sostenible. Desde YoSíSanidadUniversal recuerdan que el gasto sanitario público por persona y año, en poder partidario de compra, es de 2.049 dólares frente a los 2.870 dólares de media de la UE(10). Lo que no se sostiene es un Real Decreto que sólo ha generado duda, malestar, incomprensión, injusticia y muerte. Con la escusa de la crisis se desmantela el estado de bienestar empezando por un sistema que ha cuidado hasta ahora de nuestras vidas. Desde las distintas organizaciones que luchan por mantener la dignidad de los pacientes y profesionales, coinciden en que, tras este Real Decreto;  hay una ideología clara de acabar con las garantías de universalidad del sistema. Todo ello nos lleva a una exclusión social cada vez más acusada, con consecuencias muy graves para la salud pública. Sólo unos pocos podrán gozar de una mínimas garantías de salud.

El día 1 de Septiembre a las 19:00 se convoca una concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia para exigir la suspensión de una ley que actúa en detrimento de los más vulnerables y que convierte la salud en un recurso sólo alcanzable para unos pocos.

Los derechos son para todos o no existen en absoluto.

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